La seguridad social en sudamérica

La seguridad social en sudamérica

En 1940 Juan Bialet Massé emprende un largo viaje por catorce provincias argentinas. El médico de origen catalán, enviado por el gobierno del presidente Julio A. Roca, va a vivir la vida cotidiana de los trabajadores del país, los trabajadores y los pueblos indígenas.

Argentina

Se encontrará con las pequeñas manos agrícolas de la inmensidad del campo, degustará el azúcar de las fincas tucumanas, salteñas y jujeñas, respirará el aire de las minas de La Rioja y descubrirá el potencial hidroeléctrico de la provincia de Córdoba. Escribirá un informe de 1.500 páginas sobre las condiciones de trabajo de la población, que exige una reducción de la jornada laboral diaria y aspira, como en muchos países a finales del siglo XIX, a mejores condiciones de vida. Bialet Massé, con una gran precisión, analizará las consecuencias de la fatiga en el cuerpo humano e informará sobre la miseria en la que viven los trabajadores de la nación. De esta documentada expedición, llevada por una voz impolíticamente correcta, nació ese mismo año la madre de la seguridad social argentina.

En Colombia EPS

La seguridad social colombiana está regulada dentro de la famosa ley 100. Los cambios realizados al anterior plan de salud, generaron la creación de las EPS, Entidades prestadoras de Salud que son las encargadas de administrar las IPS. Durante los últimos años han ocurrido cambios importantes con el cierre y traspaso de afiliados de lagunas prestadoras que dieron quiebra, generando gran incertidumbre y una serie de denuncias por parte de los usuarios.

EL siglo 20 en Argentina

Durante la primera década del siglo XX se introdujo el sistema de financiación de las llamadas pensiones contributivas. El 5% de los salarios de los trabajadores se deducirá y redistribuirá a los pensionistas. Entre 1904 y 1939, se crearon varios regímenes de seguridad social en función de los diferentes sectores de actividad (por ejemplo, ferrocarriles, público, bancario, militar). No fue hasta la década de 1940 y la llegada del peronismo al poder que la seguridad social se universalizó. Este último cubre cinco subdivisiones de cobertura que corresponden a asignaciones familiares, desempleo, pensiones, riesgos y accidentes de trabajo y el tema de interés aquí, la salud.

Cómo funciona la Cobertura Médica Universal

El sistema de salud argentino se caracteriza por su fragmentación y desarticulación. Se basa en dos modelos construidos sobre una filosofía diferente: el modelo alemán (Bismarckian) y el modelo inglés (Beveridgian). El primero piensa en la asistencia sanitaria favoreciendo la lógica del seguro, es decir, que las prestaciones se pagan a las personas que se han asegurado contra el riesgo de enfermedad. La segunda se basa en una lógica asistencial, lo que significa que las prestaciones se pagan a las personas que las necesitan. En Argentina existen ambos sistemas. Es posible contratar un seguro, un prepaga, que, a cambio de una cuota mensual, garantiza que el cliente se hará cargo de su futuro cuidado. Sin embargo, la Constitución argentina garantiza el derecho a la seguridad social como un derecho constitucional. La salud es un derecho universal, es posible ser tratado en cualquier institución pública del país sin distinción alguna. Por lo tanto, todos los extranjeros, siempre que sean pacientes, pueden recibir atención básica en los hospitales públicos. La Ley de Cobertura Universal de Salud (CUS) fue diseñada para limitar la fragmentación del sistema de salud mundial, que excluía a los más desfavorecidos, es decir, a las personas inactivas, desempleadas o que trabajan de manera informal.

Plan de seguridad social hoy

Lograr la cobertura universal de salud es una tarea compleja en un país federal como Argentina. Hay tres subdivisiones estatales, que son las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Cada provincia es responsable de su propio sistema de salud. Para homogeneizar este contexto múltiple, el gobierno argentino ya había creado el PMO (Programa Médico Obligatorio) en 1995. Este programa enumera los beneficios médicos y las recetas de medicamentos obligatorios en todo el país. Entre los servicios prestados, cabe destacar que el plan de maternidad y atención a la primera infancia, así como las hospitalizaciones, cuentan con una cobertura del 100%. Los medicamentos cubiertos por el PMO están cubiertos al 40%. El SUC, inaugurado en Mendoza en 2017, tiene como objetivo modernizar el sistema de salud mediante su digitalización. La concertación de una cita en línea, la creación de un espacio digital de salud y la asignación de un médico tratante a cada paciente son medidas que siguen el modelo del funcionamiento de las instituciones privadas. Estos últimos, por lo general, cuentan con mejores infraestructuras que les permiten ofrecer unos servicios de salud óptimos. Este plan está diseñado para argentinos y extranjeros residentes en Argentina.

Aunque la cobertura universal de salud ya existe, el entonces Ministro de Salud, Jorge Lemus, habla de “no dar cobertura a los que no la tienen, sino llevarla a los que no tienen acceso adecuado”. Sin embargo, parece que, aunque la modernización del sistema de salud pública es un proceso a largo plazo, pasará un tiempo antes de que los resultados se arraiguen en todas partes, y más aún en estos tiempos de crisis económica.

Las prepagas

Hoy en día, todos los trabajadores están vinculados a una “obra social”. Esto es diferente dependiendo del sector de actividad del empleado. Las tres mejores mutuas, según un estudio son Obra Social Luis Pasteur, que proporciona personal médico, Obra Social OS Petroleros y Obra Social Unión Personal, que proporciona trabajadores públicos. Sin embargo, este mismo estudio se realizó entre asegurados de prepagas privados como OSDE, Medicus o Swiss Medical, y obtuvieron una mayor tasa de satisfacción. A mayor escala, un segundo estudio, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que el contexto socioeconómico familiar es un factor determinante en el acceso a la atención médica. Las familias con bajos ingresos se enfrentan en promedio a más dificultades para recibir atención y medicamentos. Aplicada a la Argentina, esta tesis ilustra una realidad preocupante: parece que el 32,7% de la población argentina no está afiliada a una obra social ni a una prepaga. A pesar del acceso universal a la atención de la salud en el país, algunos servicios siguen siendo inaccesibles para las personas que no están cubiertas, en particular en las provincias.

En Uruguay

En caso de enfermedad profesional, las prestaciones se abonan sin demora y corresponden al 100% de los ingresos percibidos antes del diagnóstico de la enfermedad. En caso de incapacidad permanente, la víctima se beneficia según el grado de incapacidad: o una pensión pagada mensualmente, o un beneficio a tanto alzado. La evaluación del grado de discapacidad es responsabilidad de la BPS.

Pensión de invalidez permanente

Cuando el grado de incapacidad permanente es de al menos el 20%, el asegurado recibe una pensión mensual igual a la pérdida mensual de ingresos debida a la incapacidad. La pensión pagada es igual al 115% de los ingresos percibidos antes de que ocurra la discapacidad si la condición de la víctima requiere la asistencia constante de un tercero para los actos de la vida diaria.

Subsidio a tanto alzado

Cuando el grado de discapacidad se sitúa entre el 10% y el 19%, la víctima recibe una prestación a tanto alzado equivalente a 36 veces la pérdida mensual de ingresos debida a la discapacidad. Para un grado de incapacidad inferior al 10%, sólo se abona una prestación cuando la incapacidad es consecuencia de accidentes sucesivos.

El cónyuge superviviente tiene derecho al 50% de los ingresos del asegurado fallecido, si: ha estado legalmente casado durante al menos un año, o se reconoce una convivencia por un período mínimo de 5 años. El cónyuge superviviente con un hijo a cargo (en el sentido de las prestaciones familiares) tiene derecho al 70% de los ingresos del asegurado fallecido (85% con 2 hijos, 95% con 3 hijos).

Si no hay más supervivientes, tienen derecho a ello: 20%, el cónyuge divorciado o los familiares a cargo del fallecido, 50%, por huérfano. La pensión pagada no puede exceder el 100% de los ingresos del asegurado fallecido.

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